Pensemos una escena típica para un viajero de negocios. Hora de volar a un país europeo para celebrar una reunión de trabajo. El viajero reserva sus vuelos y hotel por un canal aprobado como es su agencia de viajes. Sus datos están registrados en el sistema de gestión de riesgos de la compañía. El viajero ha recibido alertas y actualizaciones sobre su destino a través de su aplicación de seguimiento. ¡Vaya, esto sí que es una empresa que hace bien las cosas! 

¿Hay alguna notificación en la política de viajes que le indique al viajero cómo debe realizar sus traslados? ¡Sí! El viajero sabe que los traslados al y desde el aeropuerto de origen debe realizarlos con una compañía de gestión de la movilidad, lo que en prosa llamaríamos un gestor de taxis. ¿Y qué ocurre con los transportes en destino? La política no dice nada, la empresa no dice nada. Se supone que el viajero actúa con sensatez, y además estamos en Europa. En consecuencia, el buen juicio deberá acompañar al viajero en los ocho trayectos internos que realizará una vez esté en el destino. Podrá usar Uber o Cabify sin problemas o alquilarse un coche o coger un taxi o….

Muchas empresas pasan por alto que el transporte terrestre es la parte de viajes que presenta el mayor riesgo para los viajeros corporativos. Con casi 1,3 millones de personas que pierden la vida cada año en accidentes de tráfico y muchos millones más que sufren lesiones graves, las estadísticas hablan por sí solas. Esto sin contar además los riesgos de delitos oportunistas, atracos, robos… que pueden padecerse cuando se conduce un coche sin conocimiento del territorio, las normas de conducción del país o con cierta imprudencia.

Los accidentes de coche en ciertos países pueden suponer además un riesgo penal para el conductor, incluso por el simple hecho de verse implicado en ellos, al margen de su actuación. ¿Riesgo penal para un trabajador por imprudencia de su propia empresa que no le informó o pasó por alto tal riesgo?

A pesar de todas estas constancias, existe en las empresas una tendencia a permitir que los viajeros elijan por sí mismos la opción de transporte terrestre que prefieran. Incluso cuando existen políticas más formales, a menudo se centran solo en consideraciones de costes.

Según el estudio GBTA Business Traveller Sentiment Index de 2019, presentado recientemente, el 41% de las políticas de grandes empresas no abordan en absoluto el uso de servicios de transporte por carretera basados en aplicaciones (APPs), aunque al 58% de los Travel managers les preocupa el tema. ¿Les preocupa el tema, pero no se aborda una solución? Es como si primara un sentimiento entre los gestores de viajes de “mejor no digas nada y que usen las APPs de movilidad que quieran”.

Evidentemente esto tiene una mayor trascendencia. En el momento que una empresa reembolsa regularmente los gastos de cualquier compañía de traslados, en la práctica está autorizando el uso de tales servicios sin haber validado previamente normas de seguridad, responsabilidad, protección de los viajeros y otros aspectos legales que obligan a la compañía respecto a sus trabajadores.

Las empresas tienen el deber de realizar todo lo posible para garantizar la seguridad de los viajeros de empresa durante todos sus desplazamientos, y esto es así tanto si la reserva del traslado se ha hecho por un canal autorizado o si el viajero ha tomado sus propias decisiones  por no existir recomendación expresa en la política de viajes. En ambos casos, la responsabilidad legal y moral de la empresa respecto a su trabajador es la misma, así que manos a la obra o a la política de viajes, si usted es un gestor de viajes o gestor de personas en la empresa y aún mantiene lagunas en lo que respecta al Duty Care de sus trabajadores en movilidad. 

(c) Alicia Estrada. GEBTA. 2019

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